Conclusiones IX Jornadas de escuela rural de Asturias

Las conclusiones han sido elaboradas en la sesión final de las IX Jornadas por todas las personas participantes, en seis grupos que posteriormente expusieron sus conclusiones al plenario. El plenario apenas ha modificado las aportaciones de los grupos, por lo que la única función del Seminario de escuela rural ha consistido en agrupar las aportaciones y dar una redacción uniforme al conjunto, unificando las que eran coincidentes. Por ello, el Seminario no tiene por qué identificarse necesariamente con ellas.

Adecuación de la normativa

• Como esa adecuación de la normativa a las características específicas de la escuela rural no existe, debería procederse a realizarla, pero siempre con la participación real y efectiva del profesorado
• Contemplar en la normativa la escolarización del alumnado desde 3 a 12 años, sin ningún tipo de limitación.
• Tener una zonificación clara de la escuela rural de forma que la escolarización se realice en el centro más próximo al domicilio del escolar con derecho a servicios complementarios.
• El punto anterior tiene como consecuencia la desaparición de las dobles líneas de transporte que producen situaciones claramente injustas en detrimento de las escuelas rurales. En relación con la llamada doble red (alumnado que, teniendo una escuela rural en su ámbito, es escolarizado en el centro comarcal graduado, con acceso a los servicios complementarios de transporte escolar y comedor), se trata de eliminar la competencia desigual que se establece entre prestadores de un mismo servicio público. Para ello, los grupos proponen diferentes opciones, desde el pago por parte de las familias que deseen otro centro para sus hijos e hijas de los gastos ocasionados por todo ello, tanto de comedor como de transporte, hasta la desaparición de la ley que regula la libre elección de centro.
• Sería prioritario modificar programas de gestión como el SAUCE, que no se adapta en absoluto a las aulas con distintos cursos, ciclos o etapas y que multiplica nuestro trabajo administrativo debido al número de niveles que tenemos en el aula y más cuando la intranet funciona con tanta lentitud.
• En la circular de principio de curso, dedicar un apartado para los CRAs, donde sea el aula multigrado el referente para cualquier actuación didáctica, de programación… para todo el profesorado que trabaje en el aula, incluidos los especialistas. En el caso de las programaciones, flexibilizar su ejecución por ciclo o etapa según la realidad del aula. También se hace un llamamiento a los sindicatos para que cuando defienden los derechos de colectivos concretos tengan en cuenta las situaciones particulares, como la organización de la escuela rural, donde debe hacerse una salvedad.
• La normativa actual no contempla equipos de ciclo. Se debiera dar una valoración especial a los coordinadores en las escuelas rurales por el ejercicio de su labor, ya que habitualmente no se llega a tener CRAs de doce o más unidades y así su labor no se puntúa, a pesar de su dificultad.
• El profesorado de las aulas de CRA, al estar el equipo directivo en la sede, tiene que asumir funciones que corresponden a dicho equipo directivo, como una extensión de este; al igual que ocurre en otras comunidades, como la valenciana, deberían reconocerse estas funciones de dirección en cada escuela rural con puntuación para el concurso de traslados, por ejemplo.
• En cuanto a la coordinación, se reclama que esta tenga consideración de horario lectivo y que se contemple en la planificación horaria que el profesorado pueda coincidir simultáneamente en el tiempo y en el mismo espacio para coordinarse. El horario previsto en el programa de gestión SAUCE no cubre suficientemente esa necesidad.
• Por otra parte, se requieren medidas que garanticen que el horario reservado en cada CRA y escuela rural –normalmente una tarde semanal- se dedique realmente al imprescindible trabajo de coordinación, actualmente demasiado colonizado por exigencias burocráticas que poco tienen que ver con el trabajo docente y, además, demasiado dependiente de la voluntariedad del profesorado.
• Eliminación de las medias jornadas, que imposibilitan un trabajo eficaz, así como cualquier coordinación. Respecto a las medias jornadas y al profesorado compartido también se señala que la normativa debería de estar más clara, pues la actual da lugar a confusión (por ejemplo, el horario personalizado en SAUCE).
• Antes de adjudicar la plantilla de cada año escolar debería escucharse al profesorado, para conocer las necesidades reales de cada centro. En ese sentido, la dotación del profesorado para atención a la diversidad no se puede adjudicar atendiendo solamente a criterios numéricos.
• Valorar la dedicación o permanencia de un número de cursos en la escuela rural (prioridad para elección si se trata de interinos o puntuación especial en el concurso de traslados) para incentivar la continuidad en los puestos de trabajo en la escuela rural.
• Retomar la clasificación de difícil desempeño, unido a alguna otra fórmula para garantizar la permanencia durante al menos tres años y optar por un modelo de elección voluntaria de destino en escuela rural.
• Remodelación del ámbito del profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL) compartidos. Hay profesorado que itinera hasta entre tres y cuatro centros, muy diferentes entre sí y con gran cantidad de desplazamientos. El horario utilizado para desplazarse, sumado a la reducción horaria establecida en el acuerdo administración-sindicatos del año 2000, limita excesivamente el tiempo de docencia directa con el alumnado e imposibilita en la práctica la coordinación de estos especialistas con el profesorado tutor.
• Demandar una mayor independencia de los equipos directivos y autonomía para gestionar los recursos.
• La financiación de los centros por proyectos produce, como efectos colaterales negativos que, por una parte, no haya presupuesto para cubrir necesidades básicas de equipamiento y material y, por otra, que la oferta educativa y de actividades en cada CRA y escuela rural sea cada vez más asimétrica, dependiendo de la capacidad o la voluntad de cada claustro para presentar solicitudes a los numerosos proyectos convocados desde la Conserjería de Educación y desde otras instancias. Introducir elementos de mercadotecnia en la educación pública rural está siendo en la actualidad claramente discriminador.
• Tanto en la gestión económica de los CRAs y escuelas rurales como en la toma de decisiones, se reclama mayor transparencia y un funcionamiento más democrático. Si el marco legal y organizativo permite que se haya retrocedido en los niveles de democracia y transparencia respecto a períodos anteriores, habrá que introducir modificaciones y propuestas de mejora en dicho marco. Se reclaman también más competencias de las familias en el Consejo escolar y para intervenir en el nombramiento y cese de los equipos directivos.
• En varios CRAs de Asturias se echa de menos una normativa más precisa que regule los derechos y los deberes cuando se realizan actividades con desplazamiento, para definir bien a quién compete el desplazamiento del alumnado desde su escuela hasta la parada de autobús más próxima cuando este vehículo no puede llegar hasta la escuela. Muchas veces son los propios maestros quienes transportan al alumnado y se tienen que ocupar además de las sillas auxiliares, desconociendo qué seguro cubre un posible accidente.

Análisis de la situación derivada de los cambios en el modo de vida rural

• Se constata, en general, la pérdida de tejido comunitario.
• La pérdida de población da lugar a la muerte morida (escuelas que se cierran por falta de alumnado, sin que se pueda achacar su cierre a una intervención administrativa), pero visibilizar el trabajo escolar puede atraer población y evitar un poco dicha pérdida. En la misma línea, una escuela rural de calidad puede fijar y atraer alumnado y familias.
• Generar políticas de asentamiento de población rural (por ejemplo, en algunos pueblos se ofrece trabajo, escuela, casa, etc. a familias para que se afinquen en ese lugar).
• Los servicios de transporte y comedor deberían existir independientemente del tipo de escuela para dar respuesta a la incorporación de la mujer al trabajo y a la conciliación de la vida familiar y laboral.
• Visibilizar públicamente el modelo educativo rural. Intentar sobreponerse socialmente a la imagen de escasez de medios y al prejuicio negativo del multinivel. Que la administración defienda real y públicamente el modelo de escuela rural.
• Analizar los sistemas de vida urbanos que generan determinadas expectativas de las familias respecto a la escuela. En ese sentido, hay que reflexionar sobre los contenidos que estamos trabajando y qué valores reforzamos con ellos.
• Exportar el modelo educativo de las escuelas rurales al contexto urbano.
• Se requiere un plan de actividades escolares abiertas a la comunidad que integren a esta como portadora y productora de conocimiento.
• Dar mayor relevancia al papel de los Consejos escolares y a la representación real de la comunidad educativa.
• Deben tomarse medidas que contribuyan a fomentar la estabilidad del profesorado que trabaja en los CRAs y escuelas rurales.
• Revitalizar el uso de las viviendas para maestros en los CRAs y escuelas rurales. Es evidente que vivir en el pueblo donde se trabaja revaloriza la función de los maestros y maestras de la escuela rural.
• Promover la dignificación del patrimonio cultural. En la planificación del currículo debe contemplarse el conocimiento y la valoración del patrimonio de cada comunidad rural.
• Fomentar y apoyar desde la escuela el cooperativismo, no el espíritu empresarial individualizador y, en general, modelos de explotación del medio rural que promuevan una relación sostenible con el entorno: circuitos locales de producción y consumo, recuperación de los transportes públicos colectivos, etc.
• Generar investigaciones a partir de las experiencias prácticas y darlas a conocer suficientemente.
• Mostrar una imagen positiva de las escuelas rurales aprovechando los recursos tecnológicos para hacer una visibilización de las experiencias innovadoras y de los proyectos educativos (una especie de observatorio rural como en Cataluña).
• Realizar una jornada de puertas abiertas de las escuelas rurales: apertura a toda la localidad.
• Dignificar la apariencia externa e interna de los edificios por parte de los ayuntamientos y la Consejería de Educación por el derecho de los pueblos a tener unos servicios públicos en condiciones dignas. Si una escuela se cierra no debe desafectarse; debe dársele un uso social, pero siempre con la condición de recuperar el uso escolar en caso de que fuese necesario.