¿ES POSIBLE AHORA UN PLAN DE ESCUELA RURAL EN ESPAÑA?
2018 es el año en que se han desencadenado hechos que pueden contribuir a sentar las bases para un Plan Nacional de Educación Rural (Santamaría, 2017), necesario desde hace 20 años, cuando España cambió su modelo de educación compensatoria y dejó de promover, desde el gobierno central en colaboración con las administraciones autonómicas, sistemas de organización y apoyo a la escuela rural: fomento de Colegios Rurales Agrupados (CRA) y agrupaciones (ZER, CPR, CER, etc.), de Servicios de Apoyo, de Centros de Recursos y de Formación de Profesorado, de Centros Rurales de Innovación Educativa (CRIE), promoción de la Educación de Personas Adultas (EPA), dotación de libros de texto y biblioteca a escuelas en zonas rurales.
Las administraciones autonómicas, a partir del marco estatal ampliaban los servicios y hay actuaciones específicas rurales en Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco. (ver informes del Consejo Escolar del Estado de 1986/87 -donde hay referencias a un Plan de Compensatoria Rural- y 1987/88). En casi todas se puede encontrar referencias rurales en esa década. Todo ello en base al Real Decreto 1174/1983, de 27 de abril, sobre educación compensatoria (BOE núm. 112, 11/03/1983).
El desarrollo de CRA y otras agrupaciones supuso concentrar los esfuerzos en los centros escolares y se perdió la visión integral de zona rural, inexistente en el Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación. (BOE núm. 62, 12/03/1996). La crisis demográfica reducía las matrículas rurales, agravada por la crisis económica y los recortes alejaron los apoyos de las escuelas rurales, cuando no los eliminaron.
El Gobierno actual ha iniciado la reversión de la LOMCE donde cabría incluir la implantación del Plan Nacional de Educación Rural. Algunos indicios que hacen pensar que esta idea es factible son:
a) Fernando Rey (consejero de educación de Castilla y León) ha promovido coordinaciones con el Ministerio de Educación y los consejeros de educación de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla León y Galicia exigen que el esfuerzo inversor en la escuela rural sea un criterio para el nuevo modelo de financiación que la considere en relación a la dispersión y densidad de población, como indica el artículo 9.3 de la LOE, incorporado por la LOMCE. En este caso los políticos de signos distintos aúnan esfuerzos a favor de la educación rural y evitan la confrontación.
b) Los sectores educativos están representados en el Consejo Escolar del Estado que ha solicitado en distintos informes el diseño y desarrollo de ese Plan de Escuela Rural, que ha reiterado esta petición en 2018, en la propuesta 71 (Consejo Escolar del Estado, 2018, pp. 548-549) con 13 medidas concretas y coherentes, en general, con las de otros foros.
c) Se restablecen servicios de apoyo a la escuela rural y se generaliza la opinión sobre el papel fundamental de la escuela rural para el futuro rural.
Existen más indicios que incitan a pensar en la inminencia de este Plan (Santamaría, 2017) pero hay algunos hechos que recomiendan no ser excesivamente optimistas, como los siguientes:
– El Instituto Nacional de Evaluación Educativa en sus informes para la OCDE estima que la población rural de España representa el 20% de la población (INEE, 2016, pp. 28-29), en cambio el informe del Consejo Escolar del Estado rebaja la población rural de España (de poblaciones de menos de 2000 habitantes) al 10% (p. 36) y los alumnos rurales sólo representan el 2,4% de la matrícula de segundo ciclo de infantil y primaria (p. 271), porcentaje muy inferior al de población rural.
– El Consejo Escolar del Estado como órgano de representación social es el único organismos que se ha referido a la escuela rural durante 30 años pero con sus datos tiende a reducir la población rural y a restar peso a la educación rural al considerar exclusivamente segundo ciclo de educación infantil y primaria, olvidando el primer ciclo de infantil, la ESO y las etapas postobligatorias al analizar la educación rural.
– El Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LOE que derogaría la LOMCE (MEFP, 2018), incluye la educación no obligatoria en zona rural, que es un hito destacable, pero dista mucho de las expectativas que generó el proceso participativo y no atiende las propuestas del Consejo Escolar del Estado.
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En documento adjunto encontrarás el texto completo, con hipervínculos a otras fuentes y muchas propuestas.
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